El caso de Las Pavas en 2019: Esperando la victoria definitiva

El caso de Las Pavas en 2019: Esperando la victoria definitiva

Foto: Fundación Chasquis

Este año la justicia colombiana tiene la oportunidad de marcar un hito y enviar un mensaje emblemático al país en materia de derechos humanos.

En 2006 los campesinos del corregimiento de Buenos Aires regresaron a la hacienda Las Pavas para continuar extrayendo de ahí su sustento. En dicho año, en el marco de la desmovilización de los grupos de autodefensa en la región, pidieron al Estado iniciar un proceso de extinción de dominio sobre la hacienda, la cual completaba ya tres años de abandono por parte de su dueño.

Se trataba, precisamente, de los tres años que habían transcurrido desde que fueron expulsados de esas mismas tierras por un grupo de 40 hombres enviados por Jesús Emilio Escobar Fernández, antiguo propietario de la hacienda y reconocido por sus vínculos con el líder paramilitar Fidel Castaño y su clan.
Más de doce años han pasado, pues, desde que el Estado colombiano tuvo conocimiento del caso de la finca Las Pavas. Más de tres períodos presidenciales. Tres gobiernos distintos. Durante este lapso, los representantes legales de los campesinos reclamantes de su derecho a cultivar en este territorio han ganado en los estrados un proceso jurídico tras otro sin que, a la fecha, ello represente una victoria definitiva sobre el paramilitarismo y las empresas de monocultivo.

¿Por qué? ¿Por qué a pesar de que la mismísima Corte Constitucional falló en favor de la comunidad en 2011, esta continuó siendo víctima de desalojos forzados? ¿Por qué no han bastado los mandatos de la justicia colombiana ni las investigaciones, respaldadas incluso en su momento por la fiscal general de la Nación, Viviane Morales, para cerrar el caso en favor de los labriegos? ¿Por qué continúa la lucha por defender su derecho al trabajo, a la vida, a la dignidad, si ya las autoridades judiciales les han dado la razón, una y otra vez?
El abogado de la Clínica Jurídica de la Universidad Javeriana, Juan Felipe García, quien ha estado al frente del proceso desde hace más de una década, nos lo explica.

Según el licenciado, en Colombia se ha hecho común que las victorias jurídicas de las comunidades sean respondidas por su contraparte con violencia. De esta forma, la seguridad y la vida misma se convierten en el precio que se corre el riesgo de pagar ante un triunfo legal. De ahí que, más allá de las sentencias de los jueces, las cuales suelen tardar años, el campesinado está expuesto a un constante limbo, el cual es aprovechado por los causantes del desplazamiento forzoso para tomar acciones en su contra.

En plata blanca, esto es lo que ha venido ocurriendo desde 2006 en Las Pavas, una hacienda de aproximadas tres mil hectáreas ubicada en el sur de Bolívar, donde las 123 familias de la Asociación de Campesinos de Buenos Aires (Asocab) han explotado las tierras desde hace más de 15 años, amparados por la ley, pero constantemente en contra de la presión ejercida por grupos paramilitares y por la empresa de monocultivo de palma de aceite Aportes San Isidro.

Imposible no preguntarse: ¿Qué tan real es entonces, en la práctica, la aplicación de la normatividad en Colombia? O, mejor dicho: ¿Para qué sirve la ley, si no es posible ejecutarla a pesar de los dictámenes de los jueces y magistrados?

Para García, este escenario es característico de nuestro presente político, en el que hay un partido dominante que siente amenazados sus intereses en la medida en que exista una mayor simetría jurídica entre las empresas extractivistas que hacen parte fundamental de su visión de desarrollo, y el campesinado. Una simetría por la que propenden normas como la Ley de 1448 de 2011 (Ley de Víctimas y Restitución de Tierras), por ejemplo.

Actualmente, los miembros de la comunidad ya han demostrado ante los estrados no solo los hechos de desplazamiento forzoso a los que se vieron obligados a lo largo de este siglo sino también su derecho a la explotación del predio.

En 2013 la Justicia falló acerca de la solicitud de extinción de dominio. Se comprobó que, en efecto, la finca Las Pavas dejó de ser explotada por su dueño durante un periodo mayor a tres años (2003 a 2006), constituyéndose así el terreno en un lote baldío, propiedad del Estado, y susceptible de ser adjudicado a los campesinos que lo trabajaban, es decir, a las familias de Asocab.

Sin embargo, ese mismo año la decisión fue apelada ante el Consejo de Estado por la empresa palmera (Aportes San Isidro), la cual obtuvo el predio en 2007 al comprarla directamente a Jesús Emilio Escobar Fernández, a pesar de que ya la extinción de dominio estaba en curso. Desde entonces, el proceso legal continúa abierto, a espera de una resolución.
García está convencido de que el 2019 será el año de la victoria legal definitiva. Es por eso que hace un llamado a las autoridades: “Pedimos celeridad y garantías judiciales porque el ensanchamiento de términos se presta para escenarios de violación de derechos y falta de garantías para los campesinos”.

De fallarse en favor de los campesinos, este año la jurisprudencia colombiana marcaría un hito en la historia de la restitución de tierras y la reparación a las víctimas. No solo porque habrá fortalecido su independencia con respecto a las fuerzas dominantes de turno y a su visión particular de desarrollo, una independencia que la sociedad le exige cada vez más en el escenario político actual; no solo porque habrá privilegiado la vida y la dignidad de los seres humanos, ¡de las víctimas!, una misión ineludible en estos tiempos; sino porque además habrá demostrado que el camino para reclamar justicia en un Estado de derecho siguen siendo las leyes y los tribunales. Y este último no es un mensaje menor para la sociedad colombiana de hoy.