Prodeco – Glencore: las verdades del conflicto pendientes
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Prodeco – Glencore: las verdades del conflicto pendientes
Por: @fundachasquis con apoyo editorial de @cuestion_p
Una investigación de Liga Contra el Silencio y Rutas del Conflicto evidenció que Prodeco ha establecido convenios privados de seguridad para el cuidado de las minas y el corredor férreo, en especial con el Batallón Especial Energético N°2 José María Cansino del Ejército Nacional, ubicado en La Jagua de Ibirico, que tiene jurisdicción en otros municipios del Cesar.
El informe Sombra de las Operaciones de Glencore en Colombia afirma que desde el año 2010 “esta unidad militar ha recibido financiación directa por parte de Prodeco y ha estado envuelta en por lo menos en cuatro investigaciones y dos juicios con sentencias condenatorias contra más de veinte oficiales, suboficiales y soldados del Batallón por ejecuciones extrajudiciales entre 2007 y 2010, algunas ocurridas en zonas aledañas a la mina Calenturitas”.
Entre 2015 y 2019, el Ministerio de Defensa Nacional recibió de Prodeco $1.469.331.228 a través de convenios privados de seguridad, reveló la Liga Contra el Silencio.
Tras el proceso de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005) según las versiones libres de algunos paramilitares, Prodeco y Drummond habrían brindado apoyo financiero y logístico a las Autodefensas Unidas de Colombia, en particular al frente Juan Andrés Álvarez que operaba en el Cesar, que cometió crímenes de lesa humanidad, despojo de tierras, desplazamiento forzado, entre otros.
Aunque Drummond ha sido invitada a comparecer ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), organizaciones sociales consideran que esta responsabilidad debería estar compartida con Prodeco para aportar al esclarecimiento de la verdad en el marco del conflicto armado, una deuda histórica que tienen algunos terceros con el país.
El riesgo a la dependencia minera
La preocupación que se tiene cuando un municipio depende de la minería es que dejaría de recibir recursos de regalías que se derivan por la explotación. Sin embargo, a juicio de un funcionario de la Defensoría del Pueblo del Cesar, las regalías no se han traducido en mejores condiciones socioeconómicas para la gente: “La gente nunca ha visto esas regalías de la minería (…) a las comunidades ni les va ni les viene, porque nunca las sintieron”.
La investigación de la Fundación Chasquis para este reportaje evidencia que la presencia de 30 años de Prodeco en el Cesar dejó una dependencia total de las comunidades a la minería, profundizada a través de cláusulas sociales en los contratos de concesión y de los planes de manejo ambiental, compensaciones ambientales, convenios de cooperación y programas de responsabilidad social empresarial.
Esta dependencia tampoco ha permitido la autonomía territorial en las acciones de control, seguimiento y evaluación de las autoridades ambientales y mineras que supervisan las concesiones.
La Corporación Autónoma Regional del Cesar (Corpocesar), autoridad ambiental del departamento, tiene un doble juego en este asunto. Por un lado, supervisa los planes de manejo ambiental, y por el otro, junto con Prodeco, realiza programas de protección de fauna silvestre, genera proyectos de emprendimiento con las alcaldías y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), entre otros. Esas actividades, que deberían ser responsabilidad del Gobierno colombiano , fueron realizadas por Prodeco.
La duda de los proyectos de alto impacto
Prodeco dice estar comprometida con la reconversión y diversificación de la economía en el Cesar con proyectos para reactivar las actividades agrícolas y piscícolas.
Pero para Katya Silva, presidenta de la Red Integral de Organizaciones Gremiales Activas de El Paso, Cesar, la compañía no ha ejecutado un solo plan de impacto que la comunidad le pueda reconocer. “Han creado proyectos para pasar tiempo y para mostrarle a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) que están cumpliendo”. La Red Integral de Organizaciones Gremiales Activas es una asociación constituida para concertar con las mineras algunas compensaciones sociales.
La comunidad no está preparada para vivir sin la minería, según el testimonio de Silva, que indicó que Prodeco no hizo la transición que presume: “Hizo un cultivo con unas familias del corregimiento La Loma (Cesar) y realmente ese cultivo de yuca se quemó. Hoy en día estas familias están vulneradas de una manera impresionante”.
La percepción de la comunidad es que los proyectos que ha promocionado Prodeco se han usado como publicidad empresarial.
Además del cultivo de yuca que la compañía minera adelantó en La Loma, hubo otro de pesca que también recibió fuertes críticas. Sobre este, Stephan Suhner, integrante de la organización de la sociedad civil en Suiza, Grupo de Trabajo Suiza-Colombia ASK!, expresó: “(…) Las ganancias de la venta se usaron para otorgar préstamos a los antiguos pescadores y que invirtieran en otro proyecto productivo. Ellos necesitaban un ingreso de inmediato o el pescado para vender”.
Desplazamientos forzados a cambio de “desarrollo”
Organizaciones sociales y ambientales, que pidieron reserva para esta investigación y que acompañan a las comunidades de la zona de influencia del corredor minero del Cesar, insisten en que estas poblaciones no han podido participar en el proceso de transición y cierre de operaciones mineras, ya que no tienen acceso a la información. “Están tomando decisiones de mucho impacto en las que no consultan con las comunidades, no hay información accesible y conceptos más claros para ellas”, dijo Suhner.
En 2010, el Ministerio de Ambiente ordenó a Prodeco, Drummond y CNR el reasentamiento involuntario de las poblaciones el Boquerón, Plan Bonito y El Hatillo, tras sobrepasar los límites permitidos de contaminación en el aire por partículas de carbón, el cual se debía realizar en el término de dos años desde la expedición de la resolución. Esto según los lineamientos de la Corporación Financiera Internacional (CFI) y el Banco Mundial.
En Plan Bonito se llevó a cabo el reasentamiento, el Boquerón fue excluida recientemente como fuente de contaminación y se modificó la resolución del 2010, y El Hatillo está aún pendiente, incluso lleva una década esperando. Sobre esto, Prodeco ha anunciado públicamente su compromiso para asumir esta responsabilidad. Sin embargo, no ha finalizado con esta obligación ambiental al momento de hacer su solicitud de renuncia.
“Los reasentamientos se convierten en desplazamientos forzados por desarrollo (…) porque son proyectos que rompen con las dinámicas culturales y sociales, contaminan el agua y el aire, obligan a las comunidades a entrar en procesos donde no se cumplen los acuerdos. Son la máxima expresión de la violación a los derechos humanos”, señaló Rosa Peña, integrante del programa de derechos humanos y ambiente de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA).
