Las luchas interminables de los Paveros
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Las luchas interminables de los paveros
Más de 20 años campesinos del sur de Bolívar llevan una lucha interminable por el acceso a la tierra. Paramilitares, funcionarios públicos y una empresa de palma de aceite han hecho la triada para operar el despojo en la región, mientras el Estado a cuenta gotas restituye derechos a quienes les han quitado todo, menos la dignidad y la certeza de los milagros.
“Ese poder moral de la perseverancia de los campesinos en defender la verdad, la justicia, su forma de vida campesina, ha hecho que el Estado colombiano, paulatinamente, vaya reconociendo sus derechos”, enfatiza Juan Felipe García, abogado de la Clínica Jurídica sobre Derecho y Territorio de la Universidad Javeriana, quienes han acompañado cerca de doce años a la Asociación de Campesinos de Buenos Aires (ASOCAB) en su lucha por la tierra en el sur de Bolívar.
“Conquistar la tierra es conquistar la libertad, eso es lo que hacemos en ASOCAB”, afirma Misael Payares, un Pavero que lleva décadas junto a su comunidad luchando por el acceso a la tierra, buscando dónde enraizar la vida en una conquista de logros que han sido alcanzados esperando el paso de los años.
Durante el 2011 al 2014 Chasquis y Associazione REC de Suiza registraron en el documental “Algún día es mañana” la lucha pacífica de los Paveros a través de la música y la persistencia de los campesinos en agotar todas las posibilidades jurídicas.
“Algún día es mañana” se estrenó en el 2015, en este año recibió la nominación a mejor largometraje en el festival de cine francés Panorama Du Cinèma Colombie. Seis años después la pantalla grande se encendió en Buenos Aires (Sur de Bolívar) con proyecciones durante tres días en el mes de junio de 2021, como una acción de reparación simbólica. A muchos Paveros les “palpitó el corazón”.
Las imágenes en movimiento avivaron la memoria de la resistencia campesina, los rostros de hombres y mujeres que han puesto la vida por acceder a la tierra, algunos ya no están y de otros que siguen cavilando por los obstáculos jurídicos, institucionales y de violencia armada que los amenaza, pero ni las armas, ni la justicia acomodada a beneplácito, han logrado que los campesinos de las Pavas desfallezcan por la lucha de la dignidad y la tierra.
Una larga historia
La finca Las Pavas, está ubicada en el municipio del Peñón al sur de Bolívar, tiene aproximadamente 3.000 hectáreas. Este globo perteneció en 1983 a Jesús Emilio Escobar, su hermano Gustavo Escobar, fue un reconocido narcotraficante que hizo negocios con la casa Castaño, compraban tierras para lavado de activos.
En los años noventa en una guerra con los hermanos Castaño, muere Gustavo Escobar y Emilio sale fuera del país, deja abandonadas las tierras de Las Pavas, allí campesinos del corregimiento de Buenos Aires, municipio del Peñón, ocupan parte del predio y siembran alimentos de pancoger.
El 26 de octubre de 2003 por órdenes de Emilio Escobar, Gustavo Sierra, su lugarteniente con el apoyo del comandante paramilitar alias “rapidito”, ubicado en la base del corregimiento de Papayal y del comandante paramilitar alias “Sahagún”, con base militar en Pueblo Mejía; los dos, integrantes del Bloque Central Bolívar y cercanos a la hacienda Las Pavas, ordenan el desalojo y generan el desplazamiento forzado de la comunidad, donde muchos se reubican en Buenos Aires.
En el derecho agrario colombiano se considera que si las tierras carecen de explotación y se abandonan, el Estado las configura como tierras baldías de la nación.
En el año 2006 tras las desmovilizaciones de los grupos paramilitares y continuando sin explotación económica el predio, los campesinos acuden al Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA) para que lleve a cabo la extinción de dominio por inexplotación económica. Estos procesos se engavetan y en este año nuevamente aparece Jesus Emilio Escobar con un grupo armado sin identificar y se produce un segundo desplazamiento.
En el 2007 en la Notaria 9 de Barranquilla Emilio Escobar transfiere la mitad de la propiedad a C.I. Tequendama y el otro 50% a la empresa de palma Aportes San Isidro S.A , cuyo dueño es José Ernesto Macías, el cual hasta el 2020 fue integrante de la junta directiva de Fedepalma.
Aportes San Isidro invocando su titularidad sobre la propiedad solicitó ante las autoridades desalojos policivos contra los campesinos, años después la Corte Constitucional consideró estas acciones institucionales como ilegales. Tras el despojo de tierras la empresa inició a sembrar palma de aceite.
La lucha por la tierra que no acaba
En Las Pavas se abrieron dos procesos administrativos agrarios, uno por explotación económica de 1.300 hectáreas con extinción de dominio y otro de clarificación de títulos de la propiedad de 1.700 hectáreas.
En el 2013 La Clínica Jurídica sobre Derecho y Territorio de la Universidad Javeriana, interpuso una tutela solicitando al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) cancelar los títulos de propiedad de la empresa, tras una larga lucha jurídica la Corte Constitucional canceló los títulos de propiedad que tenía Aportes San Isidro, realizó extinción de dominio, así el Estado se constituyó propietario de estas tierras, la Corte facultó a la Agencia Nacional de Tierras para adjudicar los predios. La empresa demandó el proceso y esta discusión sigue abierta actualmente ante el Consejo de Estado.
Se cumplen ocho años desde el inicio de este pleito jurídico, y tal vez queden más, “esos procesos comúnmente son bastante prolongados y pueden durar de 9 a 10 años”, advierte García.
Sentencias pendientes
En el 2011 la fiscal de Cartagena Myriam Martínez Palomino, cerró la investigación penal por desplazamiento forzado en contra de varios paramilitares, al concluir que los campesinos de las Pavas eran falsas víctimas y no había ocurrido el delito que se invocaba, decisión judicial que fue amplificada por medios de comunicación nacionales colocando en riesgo a la comunidad, como lo registró el documental “Algún día es mañana”.
Dos años después la Unidad para la Atención y Reparación de las Víctimas (UARIV) expidió la resolución, donde reconoció a 464 víctimas de desplazamiento forzado en el registro único de víctimas. En el 2013 la comunidad recibió el Premio Nacional de Paz, un reconocimiento por su resistencia pacífica en sus luchas por la tierra.
En el 2020 la UARIV aprobó el plan integral de reparación colectiva que incluye acompañamiento al retorno, proyectos productivos y actividades de reparación simbólica a las víctimas.
Jorge Eliécer Pérez, alias “rapidito”, fue capturado y se dio juicio durante el 2018 aún sin condena, la Fiscalía, la Procuraduría y las víctimas han hecho la solicitud de la sentencia.
El 27 de abril de 2021 el juzgado primero de Mompox dio sentencia condenatoria por desplazamiento forzado contra Walter Emiro Vertel alias “Sahagún”.
Gustavo Sierra fue juzgado por su responsabilidad civil en el desplazamiento forzado de Las Pavas, “aunque fue probado que Sierra usó al grupo paramilitar para desalojar a los campesinos (…) en juicio, para la jueza de Cartagena eso no configuró un delito de desplazamiento, bajo el entendido errado, que Gustavo Sierra actuaba en el nombre de un propietario y estaba facultado para usar la fuerza paramilitar (…)”, explica García, de la decisión judicial por la cual fue absuelto Sierra ante el Juzgado Segundo del Circuito Penal de Cartagena en el 2018, fallo apelado por la Fiscalía, la Procuraduría y las víctimas. Este caso se encuentra en espera de sentencia de segunda instancia del Tribunal de Cartagena.
La empresa palmera constituyó un departamento de seguridad, avalado por la Superintendencia de Vigilancia, su jefe de seguridad Mario Marmol, ha sido procesado y condenado por lesiones personales, acusado de ordenar torturas, quemas de cultivos, entre otros. “En un inicio personal de la empresa cargaban armas largas”, señala García y se evidencia en el documental Algún día es mañana. Pese a que la licencia de funcionamiento de la empresa de seguridad fue cancelada, el grupo de seguridad privada sigue operando en la zona y las amenazas continúan.
Una acción jurídica a favor de los Paveros “es un milagro”, así lo llaman ellos cada vez que la justicia reconoce lentamente sus derechos, aunque el miedo persiste, la fuerza moral que tienen como pueblo campesino, hace que en medio de sus luchas que resultan interminables, sean un ejemplo de dignidad.
Por: Alexandra Gómez. Publicado 27 de julio de 2021
