En riesgo defensores de la protesta

Agentes de Policía le han dicho a Lorena: — ¡Ya llegó esta negra a joder!— y la han fotografiado de cuerpo completo, a Magaly: — ¡por qué no se va mejor hacer oficio a su casa!— y fue detenida arbitrariamente, a Pablo le retuvieron su cédula y anotaron su nombre en una hoja en blanco sin explicación. Ellos son defensores de derechos humanos que protegen el derecho a la protesta, exponen su vida por alguien que no conocen y tienen como premisa: Defender primero los derechos de quien está en riesgo que los propios.

La Campaña Defender la Libertad: asunto de todxs,  es una red de organizaciones que trabaja para denunciar las detenciones arbitrarias, la persecución judicial y la criminalización de la protesta social en Colombia. A través de su sistema de información de agresiones a la protesta social, desde el 28 de abril hasta el 22 de junio de 2021, han identificado 267 personas defensoras de DDHH que “han sido agredidas en el marco de su labor de acompañamiento a las jornadas de protesta social, desempeñando su rol de Comisiones de Verificación e intervención de la sociedad civil”, según documenta el boletín N°19 de La Campaña.

La ONG Protección Internacional enfatiza que “no se trata de una persona defensora sino el derecho que tenemos como ciudadanos a defender los derechos humanos (…) Si la narrativa se centra en la persona defensora pareciera que hubiera una nueva categoría de persona que tiene derechos o que tiene otros derechos por su título de defensor”, afirma Alexandra Loaiza, consultora para América Latina en temas de protección a defensores de la ONG Protección Internacional.

Aunque un defensor de derechos humanos no adquiere derechos especiales por su ejercicio, sí más responsabilidades como ciudadano representante de la sociedad civil, la estigmatización sobre la protesta social, hace que su ejercicio se realice en condiciones adversas en su relación con la Fuerza Pública, funcionarios y las instancias judiciales.  

Los defensores del derecho a la protesta pacífica

“Todas las personas que están en la calles manifestándose, están haciendo ejercicio legítimo y legal de sus derechos (…) y no pueden ser castigadas ni sancionadas”, sostiene Loaiza.

El derecho a la movilización  y la protesta pacífica está contemplado en la legislación internacional y en la constitución colombiana, es conexo con los derechos a la libertad de reunión, la asociación, libertad de conciencia, de expresión y participación. Está amparado por varias sentencias de la Corte Constitucional y reglamentada por el decreto 1190 de 2018, el decreto 003 de 2021, y el decreto 563 de Bogotá, donde se establece un protocolo de actuación para las movilizaciones sociales en la ciudad.

En el decreto 1190 que reglamenta un protocolo para la movilización social, contempla la conformación de varias figuras para garantizar el ejercicio de la protesta, entre estas se encuentran las Comisiones de Verificación de la Sociedad Civil, que concede facultades a los defensores de derechos humanos de observación, monitoreo, mediación con la Fuerza Pública y de intervención en tiempo real en el desarrollo de las movilizaciones.

“Gracias a quienes se identifican con los chalecos de derechos humanos se pueden tener cifras más fiables de lo que ocurre en el territorio”, asegura Loaiza. En el marco de las movilizaciones quienes se han puesto el chaleco ponen en juego su vida y seguridad por alguien que no conocen.

“Nosotros estuvimos 28 días en las calles solamente con un chaleco de tela que no era impermeable, luego de tantas agresiones a defensores de derechos humanos, decidimos  a partir del día 30 salir con chaleco reflectivo, gafas y casco de protección”, explica Lorena Medina, abogada del Comité de Solidaridad con Presos Políticos (CSPP), quienes son secretarios técnicos de la Campaña Defender La Libertad.

Pablo Ruiz, es integrante de la Red Popular de Derechos Humanos de Bogotá, (REDHUS) “una organización que nace porque en los puntos céntricos en las movilizaciones siempre estaban los defensores, ya fuera de comités universitarios, organizaciones sociales, sindicatos, y la gente que se movilizaba en los barrios quedaba muy expuesta al abuso policial”. Consideran que la movilización es un mecanismo para dignificar la vida en nuestros barrios”.

Atemorizar a los defensores

“Ya se sabe que tras una convocatoria a marcha, días previos hay allanamientos, capturas a los líderes o terceras personas, sólo por amedrentar y subir la intensidad frente a las protestas”, afirma Medina.

La Campaña evidencia que el 28 de abril, día de inicio del Paro ya habían 14 personas procesadas como terroristas y miembros de una organización criminal que infiltraba marchas en Bogotá. “Ese proceso fue deslegitimado por un juez de Control de Garantías (…) y sí nos tuvo diez días en audiencias concentradas”, recuerda Medina.

Lorena cuenta que es una acción que se ha vuelto sistemática donde se abusa del derecho penal “y con el apoyo del Código de Policía se ha intimidado el ejercicio de la protesta”, asegura la abogada.  

El 21 de junio en la rueda de prensa del Espacio Humanitario “al calor de la olla” en el Portal Resistencia (Bogotá), reportó que, “los defensores de la vida, hemos sido víctimas de persecución de motos sin placa, que según información reportada por miembros de la Policía son presuntos integrantes de la DIJIN, seguimiento a los defensores con drones en los desplazamientos al interior del espacio humanitario y de los caminos hacia sus viviendas”.

A Pablo junto con otro integrante de REDHUS posterior a la mediación con un policía frente a una situación de confrontación violenta en la protesta, les retuvieron las cédulas por unos minutos y “nos hicieron unas anotaciones que no sabemos con qué objetivo fueron”, cuenta Pablo.

Lo mismo le ha ocurrido a Lorena quien advierte, “que esto no debería suceder, basta que pidan el nombre, número de cédula y la identificación del chaleco”. A Lorena le ha tocado retirarse temporalmente de asistir a las Comisiones de Verificación, allí ha sido fotografiada y grabada. Posterior a la movilización la han parado agentes en la calle solicitando su identificación sin tener razón alguna, al igual que cuando va en carro particular; Lorena señala que son agentes de vigilancia y no de tránsito.

Magaly Pino, integrante del equipo nacional de derechos humanos del Congreso de Los Pueblos, lleva 27 años acompañando las movilizaciones como defensora en Cali y en el Paro visita diferentes puntos de concentración de la capital del Valle, antes “el trabajo era hasta las tres de la mañana y a las 7:00 am ya nos estábamos alistando para salir, pero con civiles disparando y el uso desproporcionado de la fuerza policial estas rutinas han cambiado (…) Es una policía que nos irrespeta, nos dice que pertenecemos a la guerrilla, que somos vándalos, terroristas”, describe esta defensora.

El 07 de mayo de 2021 Magaly junto a más de diez defensores de derechos humanos fueron atacados a tiros en el sector de La Luna (Cali); gracias a algunos vecinos que abrieron la puerta de sus casas les permitieron refugiarse para salvaguardar sus vidas. “¡Cada uno corrió por donde pudo!”, recuerda Magaly.

En movilizaciones del 2019 que se daban en el Puente de Juanchito (Cali), Magaly fue retenida por la Policía, la acusaron de obstrucción a la justicia y la mantuvieron todo el día transportándose en un vehículo de la Policía con el interés de generar miedo, en la noche fue llevada ante la Unidad de Reacción Inmediata (URI) y el Fiscal determinó que la Policía  había cometido una detención arbitraria, a pesar de ello, la Policía seguidamente insistía en interponer un comparendo.

Lorena, abogada de La Campaña Defender La Libertad afirma que, “quienes  hacemos defensa de derechos humanos en la protesta dejamos nuestros derechos para después y de eso se aprovechan los policías, cuando tú estás haciendo el informe de acompañamiento te das cuenta que fuiste víctima de muchas cosas”.

Tres contra treinta y sobrecarga de trabajo

Los equipos que salen en la Campaña a las Comisiones de Verificación es una triada, uno es el interlocutor, los otros dos registran e informan la interacción con el agente a mando. 

Lorena explica que en el marco de la protesta cuando es Fuerza Disponible son 28 policías un mando medio, uno alto; en el caso del Esmad son 18 policías más un mando medio y uno alto, “siempre vas a tener una desventaja porque mientras tú interlocutas con el mando hay 18 personas que te están grabando, aunque no está permitido que ellos realicen registro con sus teléfonos personales (…) que después terminan en sus cadenas de WhatsApp”, evidencia Lorena.

A 46 días del Paro Lorena ha acompañado 64  personas, que son 46 procesos, a la semana está haciendo 15 audiencias o teniendo interlocución con los fiscales, ella en las Comisiones ha pasado por todos los roles. Como práctica de autocuidado en La Campaña Defender La Libertad  intentan redistribuir la carga laboral y tener espacios de descanso.Magaly cuenta que, “pasa algo y de inmediato el llamado es para derechos humanos, los muchachos no entienden que nosotros dormimos, que tenemos una vida y nos dicen: —ustedes a qué vienen,  ¿por qué no llegaron cuando nos estaban pegando?—. Pero es la incapacidad de responder a todo ese exceso de brutalidad policial que se da al tiempo en varios puntos de concentración y con un componente más peligroso que es el paramilitarismo urbano.

El riesgo es mayor cuando es una mujer defensora

Lorena a sus 28 años, lleva los últimos ocho acompañando la defensa de DDHH, hizo una pasantía en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ha sido asistente de abogados que iniciaron su trayectoria en la década del 70 en estos temas, lo cual le permite tener una experticia en proteger los derechos de los manifestantes.

En su ejercicio como abogada ha sido hostigada por funcionarios públicos,  “he recibido disminuciones o amenazas frente a mi género, mi pelo, mi color de piel, me dicen: “Ya llegó esta negra a joder”, “Ahí está la señora que se cree que sabe de derechos y  viene a molestar”, “esa supuesta abogaducha no se ha leído el Código” , ” es una guerrillera”, ” que no soy ni mayor de edad para que este en la calle”, me han grabado de pies a cabeza para hacer un registro, cuando ellos no tendrían por qué hacerlo”.   

La experiencia de Magaly interlocutando con la Fuerza Pública es similar, tiene 58 años y le han dicho: “Usted por qué no se va hacer el oficio a la casa”, “¿por qué no se va a planchar?, mire que los niños la están esperando”, “usted no pierda el tiempo aquí, no le da vergüenza que le digan que usted se mantiene en medio de hombres”, “usted parece un hombre, sea más femenina”, “usted ya no tiene edad para esto, váyase a descansar”.

Lorena tanto Magaly pueden dar cuenta en su ejercicio como defensoras las múltiples violencias que han recibido sólo por su condición de género, incluso donde las mujeres son policías, ellas extrapolan la construcción patriarcal de la institución. Consideran que cuando la interlocución la realiza un hombre defensor la conversación suele ser distinta y los calificativos que reciben tienen la intención de “disminuirlas” en su actividad de defensa.   

Resulta para los defensores de derechos humanos más importante poder sacar de una situación de peligro alguien que acaba de ser golpeado y que probablemente será conducido a una URI, interponer su cuerpo para evitar el abuso policial, que velar por el buen trato y la protección que debieran recibir como garantes de derechos. Son mujeres y hombres comprometidos con equilibrar la balanza de la justicia en medio de condiciones hostiles. 

 

 

Publicado el 27 de Junio de 2021
Por: Alexandra Gómez