La guerra con niños del Pacífico colombiano

La guerra con niños del Pacífico colombiano

Pagar 200.000 pesos al equipo que gane el partido de fútbol, cancelar los recibos de los servicios públicos, un jean, un celular, son algunas de las dádivas que hacen los actores armados ilegales para vincular a menores de edad en sus filas en el Pacifico. Ante el riesgo las familias presionan a los jóvenes de incorporarse al servicio militar como medida de protección, aunque se presentan hechos donde el proceso de vinculación a las fuerzas militares también ha sido de manera irregular por parte del Ejército.

Capítulo I

De la salida a Panamá hasta la conexión con el Ecuador, Chasquis indagó en el Andén Pacifico que lo integran cuatro departamentos: Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño sobre las condiciones de riesgo permanente que viven los niños, niñas y adolescentes (NNA) quienes se encuentran en los ríos con salida al mar. Sólo  crecer allí en territorios geoestratégicos, se convierte en una sentencia para su vinculación a los grupos armados, que se disputan el control territorial por las rutas del narcotráfico local y de Sur América hacia centro y Norteamérica.  

“El reclutamiento es un delito, así el niño decida voluntariamente vincularse a un grupo, está condicionado con unas causas estructurales en términos de deficiencias de sus derechos”, enfatiza Julia Castellanos, coordinadora del Observatorio de Niñez y Conflicto Armado en Colombia de la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (COALICO). 

El Observatorio de Niñez en el boletín N°25 de monitoreo que comprende de enero a junio de 2021, identifica que en todos los departamentos del Andén Pacifico hay presencia de grupos armados ilegales, donde los NNA han sufrido confinamiento, desplazamiento forzado, ataques y ocupaciones de escuelas, uso de NNA en campañas cívico militares, reclutamiento y violaciones a la libertad sexual y personal.  

En el monitoreo se mencionan nueve eventos en el Andén Pacifico de la vinculación de NNA a grupos armados ilegales. Varias organizaciones que hacen seguimiento al reclutamiento consideran que hay un subregistro de los casos porque hay miedo a denunciar. “Un sólo niño reclutado nos debería generar un rechazo y poner a toda la institucionalidad en la garantía de sus derechos”, afirma Castellanos.

“El reclutamiento es un fenómeno grave porque afecta a la población indígena y afro. Es una situación dramática de muchas familias, que optan por sacar a sus hijos del campo y enviarlos a la ciudad en situaciones que los ponen en nuevos riesgos”, indica Juan Carlos Barreto, obispo de Quibdó. 

Foto: @fundachasquis, En las calles de Guapi los actores armados también pelean por quienes rayan más paredes, está es una manera de disputarse el control territorial.

 

La desventura de tener salida a dos océanos 

Chocó es el único lugar suramericano con salida al océano Pacifico y al Atlántico, además se conecta con Panamá, limita con Antioquia y Valle del Cauca con Buenaventura en el Litoral San Juan, quien controle esta ruta determina el comercio de cocaína, oro y madera ilegal.

En los principales ríos del Chocó: Atrato, San Juan y Baudó es donde actualmente se intensifica el conflicto armado de disputa territorial entre el ELN, Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y disidencias de las Farc.

“Estamos repitiendo el ciclo de la violencia del 2002-2006, hay una restricción de la movilidad, confinamiento y crisis alimentaria”, señala un líder étnico del Foro Interétnico del Chocó. Se utilizan los niños y niñas como informantes y la estrategia de los puntos, —anteriormente la estructura armada llegaba por unos días y se iba, ahora dependiendo el tamaño de la comunidad tienen dos o tres personas que dejan para que informe los movimientos—, describe el líder.

“A los jóvenes les están ofreciendo un millón de pesos y cuando van a ver el pago no es plata sino droga, enamoran a las mujeres para reclutarlas, invitan a canastas de cerveza, convocan a partidos de fútbol (…) Los niños y jóvenes terminan siendo carne de cañón porque muchas veces ellos mismos desconocen las fronteras invisibles, los colocan de mandaderos  y terminan muertos”, cuenta un líder comunitario de la zona rural de Chocó.  

El 16 de septiembre las fuerzas militares realizaron un bombardeo en el Litoral San Juan en contra del Frente de Guerra Occidental del ELN, el senador Iván Cepeda denunció que dentro de las víctimas se encontraba un adolescente de 13 años y tres de 17 años. Ante este hecho el ministro de Defensa se refirió a los menores como “máquinas de guerra”, a lo cual Cepeda precisó que los NNA reclutados son víctimas, “el gobierno insiste en darles tratamiento de combatientes y ubicarlos como objetivos legítimos”.  

En la cuenta oficial de Twitter de la Policía del Chocó en varias de sus publicaciones de este año,  aparece el registro de operaciones cívico militares con NNA en diferentes lugares del departamento, entre ellos en El San Juan. (Las campañas cívico-militares son estrategias de las fuerzas militares para buscar el acercamiento con la población civil y hacer labores de inteligencia).

En los tweets hay múltiples fotografías donde miembros de la Policía  aparecen haciendo actividades recreativas con niños y niñas rurales, los rostros de niños promocionando una carrera deportiva de la Policía, entre otros. La Ley de Infancia y Adolescencia de 2006 establece que el Estado debe abstenerse de utilizar a los niños y niñas en actividades militares, operaciones psicológicas y campañas cívico militares, por lo cual en éste momento la Policía del Chocó está incurriendo en delitos que tipifica el Derecho Internacional Humanitario y la legislación nacional.   

Buenaventura, reclutamiento de todos los bandos

Desde diciembre de 2020 el grupo armado La Local se dividió en dos: Los Shotas y Los Espartanos, quienes se llevan disputando el control territorial en los barrios de Buenaventura, generando fronteras invisibles, confinamientos y desplazamientos intra urbanos. “Situación que está generando muchas presiones sobre los niños y niñas”, advierte un integrante de la Fundación Kiango.

Buenaventura es un enclave para la comercialización y exportación de droga, dada su ubicación en el principal puerto marítimo de Colombia, su conexión con Cali y sus límites con el Cauca en los territorios de amplias extensiones de cultivo de coca y marihuana. Hacia la zona rural y de los ríos la disputa es entre el ELN, la columna móvil Jaime Martínez de las disidencias de las FARC-EP, Autodefensas Gaitanistas de Colombia y la reciente incursión de “la nueva Marquetalia”.

Los NNA en Buenaventura son usados como informantes, adolescentes que trabajan como moto ratones o vendedores informales son obligados a pasar drogas y armas. “Es la debilidad institucional que pone en riesgo a los NNA (…) parte de que un niño ingrese al grupo armado es porque el gobierno colombiano no lo ha protegido”, asegura el integrante de Kiango.

Además de las presiones de los grupos ilegales está la Fuerza Pública. Líderes sociales mencionan que ha sido una política de seguridad nacional, enamorar adolescentes como una forma de hacer inteligencia, “tenemos cantidades de niñas y niños, hijos de soldados y militares. Agentes que dejaron embarazadas niñas de 13 a los 17 años, las enamoran, les sacan información y cuando las embarazan, justo en ese momento al policía o militar lo trasladan”, cuenta un líder social de Buenaventura. 

Durante el Paro Nacional el Ejército pasó “por los barrios más pobres de Buenaventura con un camión invitando a los jóvenes a prestar el servicio militar (…) pues muchas madres ante la situación compleja de seguridad consintieron que eso ocurriera”, recordó un habitante de Buenaventura. Esta acción del Ejército se constituye en una práctica irregular de reclutamiento y está prohibida por la Corte Constitucional. Cabe precisar que en Colombia con la nueva Ley de Reclutamiento es obligatorio definir la situación militar más no prestar el servicio militar, ya que se reconoce la objeción de conciencia como una causal de exoneración.