“Nos quieren quitar el derecho a la información”

“Nos quieren quitar el derecho a la información”

Proponer apagar internet para disminuir la intensidad del paro, pérdidas de internet localizadas, inhibidores de señales que intentan obstruir la comunicación de los manifestantes y la política de contenidos de las redes sociales ponen en jaque la libertad de expresión y el derecho a la información durante el Paro Nacional.

Desde el inicio del Paro internet y las redes sociales han sido los medios para convocar a las movilizaciones, plantones, acciones de intervención,espacios de análisis y reflexión; además del registro de estas, se han convertido en canales para la denuncia del abuso policial y la vulneración de los derechos que tienen los ciudadanos a manifestarse.

Al cumplirse cinco días de Paro Nacional,  El 03 de mayo la periodista @PaolaOchoaAmaya durante el debate del programa radial Mañanas Blu sugirió hacer un apagón de internet, “(…) es una de las propuestas que el Gobierno tiene que entrar a analizar”, sostuvo la periodista durante la discusión; en un día donde sindicales obreras y Fecode convocaban a nuevas movilizaciones el 5 de mayo. 

Carolina Botero, directora de la Fundación Karisma, una organización que promueve los derechos humanos en el entorno digital, explica que “es una medida que se considera absolutamente antidemocrática, sería una orden ilegal, desproporcionada, que está en contra de los derechos y no es propia de regímenes democráticos”.

Los proveedores de internet dependen de las licencias que concede el Estado, en un apagón éste podría ordenar suspender internet por algunos periodos de tiempo. “Cortar internet no es solamente suspender las redes sociales, sino que te afecta absolutamente todo, la relación con el Estado, las transferencias bancarias, los negocios (…)”, señala Botero.

La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y las Naciones Unidas a través de diferentes relatorías para la libertad de expresión han señalado la necesidad de preservar el internet como un espacio para el ejercicio de los derechos humanos. Sí llegara a suceder un apagón “sería algo gravísimo y sin ningún precedente en el país”, afirma Pilar Sáenz, coordinadora del laboratorio de seguridad digital y privacidad de Karisma.

Pérdida de internet localizadas durante el paro

Expertos en seguridad digital recomiendan identificar las interferencias de internet que pueden ser, por fallas técnicas de la infraestructura y directamente relacionadas con el proveedor de internet o los bloqueos que generan las plataformas según los términos y condiciones de cada red social.

Netblocks una organización que monitorea redes e internet, mapea el espacio de direcciones IP de un país en tiempo real, muestra los niveles de conectividad a internet y las interrupciones correspondientes. Entre el 4 y 5 de mayo corroboraron las dificultades que tuvieron los usuarios en Cali para conectarse en medio de las protestas y las caídas temporales en el servicio de internet de hasta el 25 %.  

Aunque Movistar le confirmó a la Comisión de Regulación de Comunicaciones que había tenido un robo de cables de fibra óptica afectando a 7.000 usuarios, “este daño fue en Agua Blanca, entonces si creemos que este punto no está del todo explicado en las interferencias que tuvo Siloe (…) Muchas personas sospechan que hay inhibidores de señal”, comenta Botero.

“El Estado así como usa armas no letales durante las protestas y las tiene reguladas también usa tecnologías: drones, el helicóptero de la policía tiene cámara de reconocimiento facial y la pregunta es si están usando inhibidores de señal en el paro y cuáles son las regulaciones que tienen”, cuestiona Botero.

La resolución 2774 del 2013 del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) reglamentó el uso de inhibidores, bloqueadores y amplificadores de señales radioeléctricas, permitiendo a los organismos de la seguridad del Estado hacer uso de estos sin requerir permiso del Ministerio TIC, “en casos relacionados con la seguridad pública”, precisa la resolución.        

Del 10 al 15 de mayo, ciudadanos que viven cerca al Portal de las Américas en Bogotá en donde se declaró zona humanitaria por la continua violencia policial que han recibido las personas que se han movilizado en este punto de la ciudad, han reportado “caídas de señal muy seguido y sobre todo los que tenemos Claro”, menciona un habitante del sector.

“El sábado en el monumento a los Héroes (Bogotá) a pocas cuadras era posible acceder a internet, pero en el monumento y los alrededores simplemente no había señal”, afirma un manifestante. Esto puede ocurrir por una saturación masiva en la red. “Las interferencias en internet son comunes, la infraestructura de internet tiene constantemente problemas y es limitada, al final de cuenta son cables, antenas vulnerables… Si hay mucha gente en la protesta y está todo mundo mandando cosas se satura la red, lo mismo que un concierto se saturan las dos o tres antenas que hay”, explica Botero.

Instagram y las tensiones políticas

Karisma habilitó un formulario para que los usuarios de internet y redes sociales reporten bloqueos de contenidos y cancelación de cuentas en redes sociales durante el paro. El 6 de mayo alcanzaron más de 800 casos reportados, el 90% estaban relacionados con Instagram.

La red social expresó a través de Twitter que tenía una falla global afectando causas sociales en Palestina, Colombia, Brasil y grupos indígenas de Canadá y Estados Unidos. “Sí, fue una falla más allá de Colombia, pero no fue generalizada, ni global, afectó especialmente causas sociales que tienen tensión política”, enfatizó Botero.   

Instagram cierra su comunicado afirmando, “lamentamos mucho que esto haya sucedido. Especialmente a los de Colombia , el Este de Jerusalén y las comunidades indígenas que sintieron que esto era una supresión intencional de sus voces e historias, esa no era nuestra intención en absoluto”.

Bloqueo de cuentas y remoción de contenidos

“Las redes sociales son de propiedad de empresas multimillonarias que trabajan a nivel global, como empresas privadas tienen sus reglas y uno las firma al llegar”, explica Botero.

El contexto de las redes sociales es la Inteligencia Artificial, implica a las máquinas  desempeñar labores complejas que hacían antes sólo los humanos y emular razonamientos, necesitan de un algoritmo que es un conjunto de instrucciones para llevar a cabo una tarea determinada. Cabe señalar que muchos de los algoritmos de redes sociales saben qué dice el mensaje y es limitada su interpretación en la intención y los matices que tiene.

Las redes sociales dependen de un algoritmo que desarrolla cada plataforma, el cual discrimina el contenido apto para publicar. Hay un proceso automatizado y otro de moderación de contenidos que hacen personas, quienes tienen un manual para moderar principalmente temas de violencia, discursos de odio, racismo, pornografía.

Alejandra* es moderadora para una red social, su contrato tiene cláusulas de confidencialidad, lo cual le impide mencionar explícitamente la red social para la cual trabaja y hacer público las actividades que desarrolla en su trabajo. Tiene como  meta al día revisar 1000 videos, que cumplan la política de contenidos, le pagan 5000 pesos por hora, labora 6 días a la semana y descansa los sábados. Cuenta que para moderar el requisito esencial es tener un manejo del inglés y no se requieren estudios específicos. Ella tiene la potestad de bloquear contenidos o puede aplicar una etiqueta que se convierte en algoritmo para que estos pierdan visibilidad.

Explica que hay situaciones excepcionales como el Paro Nacional donde la plataforma en la que ella trabaja, revisa jurídicamente la situación de coyuntura y envía una comunicación interna a los moderadores para ajustar la marcación de políticas. “Allí pueden haber errores humanos, digamos que yo soy una persona muy conservadora y me parece que es terrible que la gente vea un policía matando un civil.  A partir de mi criterio si yo lo censuro de pronto omito una situación real que debería estar visible para todo el mundo. Ese es un conflicto que hay en la moderación”, revela Alejandra.

Activistas, medios de comunicación y usuarios de las redes sociales consideran como una censura que las publicaciones relacionadas particularmente con violencia policial, transmisiones en vivo de las movilizaciones y denuncias sobre violación de derechos humanos durante el paro sean bloqueadas en redes sociales, para estas sólo estan aplicando sus politicas de contenido.

Botero menciona que el algoritmo “no tiene filtro, ni contexto, no sabemos cómo funciona. (…) Los ciudadanos no tienen influencia en los términos y condiciones de las plataformas”.  Un video de violencia policial puede ser visto por el algoritmo como inaceptable al evidenciar un hecho de violencia y puede ser probable que no tenga la ecuación de referenciar las imágenes como una denuncia. 

Es gracias al internet  y las redes sociales,  que ha sido posible la difusión de imágenes y videos durantes las protestas que han capturado manifestantes sobre el uso desproporcionado de la Fuerza Pública. También los  trabajos de documentación, sistematización y análisis que han hecho medios como Cerosesenta permiten reconstruir evidencias del abuso policial que pueden llegar a tener un valor probatorio en procesos judiciales en contra del Esmad y la policía. 

Las movilizaciones sociales en la era de la inteligencia artificial y los algoritmos plantea nuevos retos en el campo de las tensiones políticas, cuando los dueños de la tecnología son multinacionales y Colombia no cuenta con una soberanía digital.

Los usuarios aceptan los términos y condiciones sin leer la letra pequeña,  donde se desconoce cuáles son el conjunto de datos que ha recopilado la máquina para censurar un contenido o bloquear una cuenta y ante la expresión de inconformidad  del propietario esté obtiene respuestas automatizadas.

Es momento de indagar si las redes sociales y las empresas que las desarrollan protegen la dignidad humana y los derechos ciudadanos.   

[*] Nombre cambiado a petición de la entrevistada